La cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege dos derechos fundamentales: el derecho a la privacidad y el derecho a no sufrir una invasión arbitraria.
La pesquisa es el procedimiento en el que un funcionario o agente del gobierno viola una expectativa razonable de privacidad. Cuando se interfiere con el derecho de propiedad de una persona nos encontramos ante un caso de confiscación. El propietario debe tener una expectativa razonable de privacidad respecto de los objetos secuestrados. Se considera que una persona ha sido aprehendida cuando el personal encargado del cumplimiento de la ley usa fuerza física para retenerla de modo tal que, en una situación similar, cualquier persona razonable se sentiría privada de su libertad.
La prohibición de realizar pesquisas y confiscaciones arbitrarias sirve para restringir las medidas que el personal encargado del cumplimiento de la ley puede tomar en el curso de una investigación penal; sin embargo, la prohibición también se extiende a las pesquisas y confiscaciones arbitrarias en el ámbito civil. El personal encargado del cumplimiento de la ley sólo podrá llevar a cabo una pesquisa si existe una sospecha sobre un individuo particular. La cuarta enmienda prohíbe las pesquisas generalizadas, a menos que existan circunstancias extraordinarias que pongan en peligro a la ciudadanía en general.
Para entablar una demanda referida a una supuesta violación de la cuarta enmienda, el demandante debe tener una expectativa de privacidad legítima en el lugar donde se realizó la pesquisa. Dicha expectativa debe pasar las pruebas objetivas y subjetivas de racionalidad. La prueba subjetiva requiere que el demandante tenga una expectativa de privacidad genuina. La objetiva requiere que, en esas circunstancias, cualquier persona razonable también tenga una expectativa de privacidad.
La regla de exclusión
Comúnmente, los tribunales rechazan las pruebas obtenidas durante pesquisas y confiscaciones arbitrarias. En un juicio penal, esta regla "de exclusión", se aplica tanto a la etapa de investigación como a la acusatoria.
Si el personal encargado del cumplimiento de la ley utilizó pruebas que podrían ajustarse a la regla de exclusión para descubrir otras pruebas, dicha regla se aplica también a esas pruebas relacionadas.
Si un agente, de buena fe, se vale de una orden inválida, la regla de exclusión no se aplica.
Requisito de orden de cateo
Generalmente, con el fin de evitar pesquisas y confiscaciones ilegales, los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley obtienen órdenes. Éstas deben mencionar una causa probable, ratificada mediante juramento o declaración, y describir minuciosamente el lugar donde se realizará la pesquisa y los objetos que se secuestrarán. Para establecer una causa probable, el juez debe analizar las circunstancias en su totalidad.
Existe un tipo de orden con la cual los agentes de policía deben llamar a la puerta y anunciarse antes de ingresar a la vivienda. En el año 2006, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que si los agentes de policía que poseen una orden de este tipo no llaman a la puerta ni se anuncian, no se aplica necesariamente la regla de exclusión.
Existe otro tipo de orden con la cual los agentes pueden entrar a un edificio sin anunciarse ni llamar a la puerta previamente. Los tribunales reservan este tipo de órdenes para los casos en que el propietario o el ocupante del edificio podrían destruir las pruebas buscadas antes de que los agentes logren ingresar.
Una orden anticipada adquiere validez después de que se da determinada condición en el futuro. Los tribunales reservan este tipo de orden para los casos en que la policía tiene una causa probable para creer que, en algún momento, las pruebas estarán disponibles en un lugar en particular.
Excepciones al requisito de orden de cateo
La doctrina de "simple vista" (Plainview Doctrine) permite a un agente del gobierno confiscar objetos no incluidos en la orden de cateo si éstos se pueden ver a simple vista. La confiscación de pruebas que se encuentran a simple vista no afecta a la expectativa de privacidad en mayor medida que la orden de cateo.
Los agentes de policía también pueden realizar pesquisas y secuestrar objetos de una persona que ha sido arrestada. Esta excepción se extiende a las situaciones en las que la policía, de buena fe, arresta a un sospechoso equivocado y secuestra objetos de contrabando durante la pesquisa. Si la persona tiene actitudes sospechosas, esto justifica la intervención (limitada) de la policía sin una orden que lo autorice.
Si las circunstancias son apremiantes y tienen causa probable, los agentes pueden realizar pesquisas y confiscaciones sin una orden. Una circunstancia apremiante se da cuando un agente tiene la necesidad urgente de actuar oficialmente, pero no tiene tiempo para conseguir una orden. En este contexto, para determinar una causa probable es necesario considerar si, dadas las circunstancias, el agente actuó motivado por una probabilidad alta de obtener objetos de contrabando o pruebas mediante la pesquisa. Antes de realizar el arresto, el agente a cargo de la decisión debe evaluar objetiva y racionalmente todos los hechos que constituyen las circunstancias.
El hecho de que un policía ingrese en una residencia o edificio sin una orden, con el fin de ayudar en una emergencia, no se considera una violación a la cuarta enmienda. Asimismo, si un policía obtiene el consentimiento voluntario para realizar una pesquisa sin una orden no viola dicha enmienda. No debe existir coacción o violencia para obtener el consentimiento. Un tercero puede dar el consentimiento para que los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley pesquisen el lugar, si dicho tercero es el propietario u ocupante legal del inmueble. Sin embargo, si dos residentes están presentes y uno da su consentimiento pero el otro se niega, deben respetarse los derechos de este último. Los empleadores pueden dar el consentimiento para que la policía realice una pesquisa en ciertas áreas de su edificio, a excepción de aquellas asignadas específicamente a un empleado. Los propietarios no pueden permitir la pesquisa del inmueble arrendado.
Ante la ley, el personal y los profesores de las instituciones de educación pública son agentes del gobierno. Por lo tanto, la cuarta enmienda se aplica a los empleados de escuelas públicas, aunque con criterios menos estrictos. En este ámbito, los empleados pueden realizar pesquisas siempre y cuando tengan una sospecha razonable.
En las fronteras de los Estados Unidos o cerca de éstas también se pueden realizar pesquisas sin obtener una orden.
La Ley Patriota (USA Patriot Act)
Después de los ataques del 11 de septiembre, el Congreso de los Estados Unidos y el Presidente aprobaron la Ley Patriota con el fin de fortalecer la capacidad de los organismos de inteligencia para combatir el terrorismo doméstico. Además de registros médicos, financieros y de bibliotecas, esta ley permite que el personal encargado del cumplimiento de la ley investigue correos electrónicos y comunicaciones telefónicas.
Además, la ley extendió el uso de las Cartas de Seguridad Nacional. Dichas cartas son citaciones administrativas a través de las cuales se exige que determinadas personas, grupos o compañías proporcionen documentos sobre ciertas personas. Estas citaciones están sujetas al secreto de sumario, es decir, dichas personas no pueden mencionar la Carta de Seguridad Nacional. Según las estipulaciones de la Ley Patriota, los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley pueden usar dichas citaciones en el marco de la investigación de ciudadanos estadounidenses, incluso si los agentes piensan que la persona que investigan no ha cometido un delito. No es requerido que las agencias obtengan una orden antes de investigar documentos.