J.M.M. vs Bedoya Rentería (SP2131-2019; Expediente 50963)

In this case, the defendant, the mayor of a Colombian town, was convicted of rape and non-consensual abortion. The penalty was 261 months of imprisonment and 20 years of disqualification from exercising political roles in the public sector. The prosecutor argued that the defendant had several sexual encounters with the plaintiff, a minor, against her will and, as a result, she got pregnant. The defendant forced the plaintiff to terminate the pregnancy. The defendant argued before the Supreme Court of Justice that the appellant court omitted at least seven fundamental testimonies. The defendant also claimed that the plaintiff’s testimony, as well as some of the testimonies from other witnesses, was inconsistent. The plaintiff declared out-of-court that the defendant raped her and forced her to abort, however, during the appellate trial she testified that the lawsuit was a stratagem designed by her uncle, who was a candidate and political opponent of the defendant, to discredit the defendant. However, the appellate court learned that defendant, in order to obtain an acquittal, extorted, threatened, and attempted to bribe the plaintiff, plaintiff’s relatives, and other witnesses involved in the case. The Supreme Court of Justice found that even though the plaintiff changed her testimony, the other evidence suggested that the defendant was guilty of the charges. Therefore, the Court ultimately upheld the defendant’s conviction.

En este caso, el acusado, alcalde de un pueblo colombiano, fue condenado por acceso carnal violento y aborto no consentido. La pena fue de 261 meses de prisión y 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El fiscal argumentó que el acusado tuvo varios encuentros sexuales con una víctima menor de edad, en contra de su voluntad y, como consecuencia, quedó embarazada. La víctima fue obligada por el acusado a interrumpir el embarazo. El acusado alegó ante la Corte Suprema de Justicia que la corte de segunda instancia omitió al menos siete testimonios fundamentales para el caso. También afirmó que el testimonio de la víctima, así como algunos de los testimonios de otros testigos, eran inconsistentes. La víctima declaró extrajudicialmente que el acusado la violó y la obligó a abortar, sin embargo, durante el juicio de apelación declaró que la demanda fue una estrategia diseñada por su tío, quien era candidato y opositor político del acusado, para desacreditar al acusado. Sin embargo, la corte de segunda instancia se enteró que el acusado extorsionó, amenazó e intentó sobornar a la víctima, a los familiares de la víctima y a otros testigos involucrados en el caso, con el fin de obtener una absolución. La Corte Suprema de Justicia encontró que, a pesar de que la víctima cambió su testimonio, la evidencia sugería que el acusado era culpable de los cargos que se le imputaban. Por lo tanto, la Corte finalmente confirmó la condena del acusado.

Year 

2019

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