R.M., L.R. v. C.A., A.D. (Denuncia por violencia familiar)

Child protective services appealed a decision of the court of first instance denying its request to extend to Ms. R.M.’s children an order of protection against her partner on the basis that (1) Ms. R.M. did not request that protection and (2) weaknesses were found in the determination by the Office of Domestic Violence regarding the degree of risk faced by the children. In overturning the trial court’s ruling, the appellate court (1) found that applicable rules permit a judge to take measures that put an end to the crisis in order to enable the victim of domestic violence to return to a daily routine free from the influence of violence and (2) noted that the Office of Domestic Violence reported that the situation presented a high degree of risk, including in relation to the children. In addition, the appellate court noted that in the cases brought before the judiciary, judges must ensure that the principals and rights set forth in the Treaty on the Rights of Children are observed.

Los servicios de protección infantil apelan una decisión del tribunal de primera instancia que denegó su solicitud de extender a los niños de la Sra. R.M. una orden de protección contra su pareja sobre la base de que (1) la Sra. R.M. no solicitó que se encontraran protección y (2) debilidades en la determinación de la Oficina de Violencia Doméstica con respecto al grado de riesgo que enfrentan los niños. Al anular el fallo del tribunal de primera instancia, el tribunal de apelación (1) encontró que las reglas aplicables permiten que un juez tome medidas para poner fin a la crisis a fin de permitir que la víctima de violencia doméstica regrese a una rutina diaria libre de la influencia de violencia y (2) notó que la Oficina de Violencia Doméstica informó que la situación presentaba un alto grado de riesgo, incluso en relación con los niños. Además, la corte de apelaciones señaló que en los casos presentados ante el poder judicial, los jueces deben garantizar que se respeten los principios y derechos establecidos en el Tratado sobre los Derechos del Niño.